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8 de enero de 2016

En busca del alcalde democrático

Javier Abellán

En política, como en el deporte, las reglas del juego importan, y mucho. Son las reglas las que determinan lo que puede y lo que no puede hacerse, y por tanto las habilidades o fortalezas que cada jugador puede o no puede aprovechar. Pero en política, a diferencia del deporte, las reglas del juego son continuamente puestas en cuestión (¿desde cuándo son las reglas del fútbol las que son?), quizás por la diferente magnitud y naturaleza del trofeo a conseguir (la liga es importante, sí, pero decidir las normas por las que se rige la sociedad…). Y, por supuesto, la más cuestionada de todas las reglas es la primera de todas ellas. ¿La constitución? No. La ley electoral.

La disconformidad del Partido Popular con la ley electoral española es tan vieja como la propia ley, vigente desde 1985 aunque modificada en repetidas ocasiones desde entonces. Esto se debe a que el sistema electoral español es de marcado carácter parlamentario. Es decir, los ciudadanos no eligen a los gobiernos directamente, sino que eligen parlamentos -con los distintos nombres que se les quieran dar- y son estos parlamentos los que eligen a los gobiernos. Por supuesto, cada partido propone con anterioridad a las elecciones un gobierno -en rigor, un presidente (o alcalde)- al que «se compromete» (nótense las comillas) a votar una vez el partido obtiene sus respectivos escaños en el parlamento de turno. Lo que sucede es que, una vez obtenidos los escaños, puede que estos no sean los suficientes para que ese partido consiga que su candidato sea finalmente presidente o alcalde. Es entonces cuando entran en juego los pactos entre partidos.

Según el PP, su propuesta es la democracia y lo sorprendente es que la ciudadanía, en términos generales, parece pensar lo mismo

Para ilustrar de forma simple la cuestión, el lector puede imaginarse un parlamento al que han conseguido acceder tres partidos. Supongamos que dos de ellos son partidos de los que en España tradicionalmente se denominan «de derechas» -más bien conservadores en lo social y poco amigos de los impuestos, del gasto público y de la regulación en lo económico- y un partido «de izquierdas» -liberal en lo social e intervencionista en lo económico. Imaginemos que cada partido de derechas ha obtenido un 30 % de los escaños, mientras que el partido de izquierdas ha logrado el 40 %. El partido de izquierdas ha sido el más votado. Pero cuando llegue el momento de elegir al presidente (alcalde), ¿qué ocurrirá? Los dos partidos de derechas suman conjuntamente el 60 % de los escaños. Pueden ponerse de acuerdo en un candidato que les convenza a los dos y votarle ambos, arrebatándole la presidencia (alcaldía) al candidato del partido de izquierdas. Esto es lo que sucede con cierta frecuencia en el panorama político español desde la transición, pero con las tornas cambiadas: los partidos que suelen sumar mayoría conjuntamente para imponer un candidato común son de izquierdas (PSOE e IU, principalmente), mientras que el partido más votado aunque sin mayoría absoluta es de derechas (PP).

Siendo así las cosas, es lógico que el PP pida lo que denomina «elección directa de los alcaldes», que se traduciría en que el partido más votado, independientemente de si obtiene o no mayoría, pueda imponer a su candidato como alcalde. Según el PP esto es lo democrático, y lo sorprendente es que la ciudadanía, en términos generales, parece pensar lo mismo. Pero detengámonos un momento y reflexionemos con calma. En nuestro ejemplo anterior, un 60 % de los votos habían ido a parar a partidos de derechas, mientras que el partido de izquierdas había obtenido un 40 %. ¿Quién debería gobernar en este país o municipio? ¿La izquierda? ¿La derecha? Apelando a «lo democrático», no parece lógico que en un lugar en el que el 60 % de la población ha votado a opciones de derechas acabe gobernando la izquierda. Es cierto que si finalmente los dos partidos de derechas se ponen de acuerdo en un candidato común, al menos uno de los dos candidatos inicialmente propuestos por esos partidos se quedará fuera del gobierno, y el 30 % de la población que votó a ese partido podrá sentirse defraudada. ¿Pero no lo estaría más si en lugar de gobernar el candidato del otro partido de derechas lo hiciera el del partido de izquierdas? Traducido a términos concretos habituales en el caso español: si en una ciudad Izquierda Unida obtiene el 30 % de los votos, el PSOE otro 30 % y el PP un 40 %, ¿no estarían los votantes de Izquierda Unida más agusto con un alcalde del PSOE que del PP? Y por tanto, ¿no sería «más democrático» permitir los pactos entre partidos con idearios afines? ¿De verdad lo democrático en este municipio imaginario sería que gobernara el PP, cuando el 60 % de los votos han ido a «la izquierda»?

Como decíamos, no es sorprendente que el Partido Popular defienda el gobierno de la lista más votada. Es lo que le conviene. Como tampoco sorprende que el PSOE se oponga frontalmente; como hemos visto, es el principal beneficiado del sistema parlamentario con posibilidad de pactos entre partidos (aunque de vez en cuando le dan alguna que otra tunda, como ocurre ahora con el pacto PP-IU en Extremadura). Pero es necesario ir más allá de a qué partido concreto beneficia o perjudica y preguntarse qué es realmente «lo democrático». Al PP le conviene hablar solo sobre partidos y no sobre líneas ideológicas -como si no hubiera partidos que se parecen entre sí más que respecto a otros- porque así suena democrático que gobierne «el partido más votado». Aquí invitamos a pensar en líneas ideológicas, porque existen, a pesar de que el PP las quiera ocultar de cara al debate. ¿No suena democrático que gobierne «la línea ideológica más votada»?

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