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13 de octubre de 2015

¿Qué es el derecho al olvido y qué supone la sentencia de la justicia europea?

Adrián Caballero
La sentencia golpea el comportamiento de Google en cuanto al derecho al olvido de los últimos años.

La sentencia golpea el comportamiento de Google en cuanto al derecho al olvido de los últimos años.

 

El derecho al olvido existe. Además, la justicia de la Unión Europea lo respalda. Así lo demuestra la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falla en contra de Google, el buscador más famoso, en un recurso de un particular, Mario Costeja, que no quería que Google mostrara, al buscar su nombre, un enlace a una página del diario La Vanguardia donde se subastaba un inmueble suyo por impago.

El TJUE ha puesto el ‘derecho al olvido’ por delante de los intereses comerciales de Google. Dicho de otra manera, prioriza el derecho a la intimidad a la libertad de expresión. En definitiva, la sentencia hace responsable a Google de borrar aquellas entradas del buscador sobre cualquier persona que no tenga “relevancia pública”. Así se diferencia entre la importancia de conocer el pasado de un candidato a presidente del Gobierno de nuestro vecino, por ejemplo.

 

¿Hasta qué punto es importante la sentencia?

Cualquiera de nosotros podríamos reclamar ante la justicia que nuestros datos pasados que encontremos en los buscadores sean borrados. Han de cumplir, eso sí, la condición de ser irrelevantes, de no tener una relevancia pública. A partir de ahora, por ejemplo, podremos pedir a Google que borre de los resultados cuando alguien pone nuestro nombre, la entrada de un boletín oficial donde se nos notifica una multa de tráfico o un embargo.

Hasta ahora nuestro pasado era encontrado por los buscadores de la misma manera que la gente con relevancia pública. Ahora ya no. Esto quiere decir que si no tenemos relevancia pública –ni nosotros ni los datos que aparecen en la información-, podemos pedir el borrado de ese resultado en el buscador. Si somos un personaje público o esa información tiene relevancia pública, no podremos pedirlo.

 

 

Sobre este tema, el dato es llamativo: 220 reclamaciones de ciudadanos sobre derecho al olvido están paradas en la Audiencia Nacional española a la espera de resolución. ¿Por qué? Cada vez que la Agencia Española de Protección de Datos intentaba actuar contra Google, éste se defendía argumentando que su empresa es norteamericana y, por tanto, no debe responder a la legislación española ni europea. La sentencia del TJUE advierte que en lo que tiene que ver con oposición y cancelación de datos personales, se puede actuar aunque la empresa este fuera de Europa.

 

¿La página web que lo publicó tendrá que borrarlo?

No. La sentencia reconoce la libertad de expresión a los medios de comunicación y páginas web y, por tanto, la página de La Vanguardia con la subasta por impago del demandante seguirá existiendo y apareciendo.  A lo que se obliga a los buscadores es a no recoger ese tipo de entradas –las que el demandante pida- cuando alguien busque su nombre.

De esta forma, se reconoce la libertad de expresión para medios de comunicación pero se limita para los buscadores de información. Este punto ha sido también uno de los más polémicos entre defensores y detractores de la sentencia del TJUE.

 

¿Y ahora qué? ¿Lluvia de reclamaciones?

Exactamente eso es lo que se espera que pase tras la sentencia del TJUE. Primero, las 220 reclamaciones en la Audiencia Nacional se reactivarán en el sentido favorable a los ciudadanos. Además de más reclamaciones en España, se prevé un aluvión de reclamaciones de ciudadanos europeos que deseen eliminar algunas informaciones no relevantes de los buscadores.

 

¿Qué es exactamente el derecho al olvido?

Más allá de lo que supone esta sentencia sobre los derechos de cancelación para los ciudadanos europeos, el derecho al olvido es una reivindicación que diferentes organizaciones e instituciones han promovido desde hace muchos años. No nace con Internet sino que está relacionado con el derecho a la privacidad de los datos personales. Wikipedia lo define como “el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información que considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que, de alguna manera, afecta a alguno de sus derechos fundamentales”.

Este derecho, como ya se ha dejado notar tras la sentencia del TJUE, choca en ocasiones con la libertad de expresión. Además, este derecho se ejerce siempre que el dato esté obsoleto –ya no tenga ninguna importancia- y el dato o la persona no tenga relevancia pública.

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