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19 de octubre de 2015

Las consecuencias de los 227 folios del juez Castro

Neus Suñer
La Infanta Cristina, centro de la polémica ante sus segunda imputación / FB

La Infanta Cristina, centro de la polémica ante sus segunda imputación / FB

 

Casi un año después de la primera imputación, el juez José Castro volvió a llamar a la Infanta Cristina a declarar. Esta vez ni la Fiscalía ni sus abogados han recurrido. El día 8 de febrero la hija del rey tendrá que ir al Juzgado de instrucción número 3 de Palma a explicar su versión de los hechos. Según sus abogados, demostrará que “no tiene nada que esconder”.

Después de una semana de discusión entre políticos, el juzgado ha decidido que Cristina de Borbón entrará al Juzgado a pie, como lo hicieron su marido y el resto de los imputados. Como lo hace cualquier ciudadano. Lo que no es como la de cualquier persona corriente es la imputación. Según el Catedrático en Derecho Penal de la UB Joan Queralt, “contra ningún imputado que yo sepa se ha procedido como con Cristina de Borbón. Ha tenido unas excepciones que nadie ha tenido en España”.

 

El auto

“Las imputaciones son por una triste providencia de dos folios”, explica Queralt. Para imputar por segunda vez a la Infanta se han necesitado 227 páginas -en la primera sólo 19-. Para Queralt no hacían falta tantas. “Una novela puede ser muy buena con 100 páginas y muy mala con 1.300. No es una cuestión de peso”. Pero con esta extensión, el juez se aseguraba de justificar todo lo que la Audiencia Provincial había apuntado que estaba incompleto en la primera imputación.

Después de salir el auto, el abogado Jesús Silva declaró que la Infanta no sabía nada, que firmó los papeles “porque estaba enamorada”. Unos días más tarde, el fiscal Pedro Horrach acusó al juez Castro de conspirar contra Cristina de Borbón. Con estas afirmaciones, y con las que cita el magistrado en el auto, parece que se esté juzgando a la hija del rey desde el primer momento. Aunque José Castro repite varias veces a lo largo del escrito que la imputación no supone nada más que preguntar sobre las actividades de Aizoon, las defensa y alguna prensa lo han tomado como una sentencia.

 

Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal, sobre las 227 páginas de la segunda imputación frente a las 19 de la primera: “No es una cuestión de peso”

 

Como explica Queralt, “se está confundiendo la imputación con una sentencia. La imputación es verosímil a lo que hay contra esa persona. Después ya se abrirá un juicio oral y vendrá la sentencia”. Lo que se está haciendo y no se debería, según el Catedrático es “exigir todas las certezas de la sentencia”. Añade además que “la posición del fiscal es extraña, ya que su papel como tal es el de defensor de la legalidad y del Estado, pero en este caso niega la existencia de algunos papeles”.

La Infanta ha sido imputada por blanqueo de dinero y delito contra la Hacienda Pública. La Audiencia dictó en la revocación de la primera imputación que no había suficientes pruebas que demostraran que Cristina de Borbón estuviera al corriente de las actividades de su marido. Pero esto sólo se puede aplicar en los movimientos que se realizaron antes de 2006 y en el Instituto Nóos. Por tanto, las facturas domiciliadas a Aizoon son válidas y se pueden usar como prueba de que la Infanta estaba al corriente.

 

 

De hecho, al juez Castro le llama la atención que Cristina de Borbón no supiera nada de ninguna de las actividades de Aizoon teniendo un 50% de la titularidad de la empresa y trabajando en una entidad financiera tan importante como La Caixa, con un puesto de responsabilidad.

Los gastos que se cargaban en la cuenta de la empresa pantalla eran en su mayoría facturas particulares de importes relativamente bajos. Estos pagos, según se explica en el auto, no tienen nada que ver con la empresa ni están declarados, lo que supone ahorrarse el impuesto de sociedades y el IRPF. Algunas de las facturas que menciona el juez en el escrito hacen referencia a gastos tan dispares como tickets de gasolinera, cuentas en restaurantes o billetes de avión y reservas de hoteles a ciudades como Roma, Washington o Nueva York.

 

El juez Castro no cree que la Infanta Cristina no supiera de las irregularidades de Aizoon

 

El juez también hace referencia a facturas mayores y que poco tienen a ver con la empresa o con el local donde se encontraba. Pone especial énfasis en el hecho que se pagaran caterings  —que se entregaban en el domicilio de Pedralbes—, la comunión de sus hijos e incluso mobiliario infantil y un decorador. También destaca el hecho que todas las compras estuvieran domiciliadas en el Palacete y no en la dirección de la empresa.

José Castro remarca durante todo el auto que es difícil creer que la Infanta Cristina no estuviera al corriente cuando, según el personal de servicio, los contrató personalmente “en negro” y cargó los gastos a Aizoon. Un curso de salsa y otro de coaching fueron otros de los servicios contratados. Según la entrenadora Margarita Martí Ripoll, el segundo fue encargado “especialmente para Cristina”. Lo último destacable de los gastos son las hipotecas de dos pisos de Mallorca. Domiciliando los recibos mensuales a Aizoon, se evita pagar el impuesto de sociedades.

 

Qué pasará después de la declaración

Todas las pruebas que ha aportado el juez únicamente sirven para argumentar por qué la ha llamado a declarar. Después se puede abrir, o no, un juicio oral según las conclusiones que se extraigan de la declaración de Cristina de Borbón. A partir de ahí, según Queralt, se pueden pasar varias cosas: que se pacte antes de llegar a juicio o que directamente se abra el juicio oral.

“Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante la colaboración silenciosa de su 50% de capital social (…) en la entidad mercantil Aizoon SL”. Es lo que dice el auto sobre el papel de la Infanta en el caso, y lo que da a pensar que hay otra vía, según el catedrático Joan Queralt.

 

El catedrático de Derecho Penal Joan Queralt no descarta ningún escenario después de la declaración de la Infanta

 

“A parte de ser responsable de delitos, [a la Infanta] también se la podría acusar de ser responsable civil a título lucrativo”, ya que se podría demostrar que no ha cometido ningún delito pero que al ser copropietaria de la empresa se habrá beneficiado de las ganancias. Esto no supondrá ninguna pena ni ningún antecedente penal sino que quedará reducido a la indemnización.

Justo después de la noticia sobre la imputación, algunos medios lanzaron un globo sonda diciendo que, para que la hija del rey no tuviera que ir a juicio, se le podría aplicar la conocida como doctrina Botín. El presidente del Banco Santander Emilio Botín fue quien le dio nombre a lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo. En ella se decía que no basta con una acusación popular (en el caso de la Infanta es el pseudosindicato Manos Limpias) para ir a juicio.

Queralt cree que más que ésta, se le podría aplicar la doctrina Atutxa, sustituta de la anterior con la que el Supremo establece que si no hay ningún perjudicado concreto será suficiente la acusación particular para abrir un juicio oral. Aun así, no descarta ninguna de las posibilidades, ya que aunque no tengan “base legal, están sobre la mesa”.

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