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19 de octubre de 2015

Los medios públicos autonómicos, a examen

Neus Suñer
Logotipos de las diferentes televisiones autonómicas, agrupadas en FORTA / FORTA

Logotipos de las diferentes televisiones autonómicas, agrupadas en FORTA / FORTA

 

España cuenta con 12 radiotelevisiones públicas autonómicas después de que el gobierno valenciano cerrara Radio Televisió valenciana (RTVV). Las únicas comunidades que no tienen medios públicos son Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra. En 1983, el gobierno socialista volvió a servir café para todos, esta vez con la Ley del Tercer Canal, que permitía a cualquiera de los territorios abrir como mínimo una cadena pública.

Los primeros medios públicos fueron los de las comunidades con lengua propia y Andalucía, que surgieron después de la aprobación de la ley. Los otros canales salieron a finales de los 90 y a principios de los 2000, y fueron llamados de “segunda generación”. Ahora, todas estas radiotelevisiones están endeudadas, por lo que el Ejecutivo de Rajoy decidió en agosto de 2012 modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual. Con el cambio de la ley se permite a los gobiernos de las comunidades externalizar parte o todos los servicios del ente, e  incluso privatizarlo.

Para la Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Núria Almirón, “lo que dice la ley es que se permite la externalización de todo, que es de facto una privatización pero de iure, de ley, no exactamente porque el formato que queda no se iguala al de una televisión privada”. Así, los contenidos se podrán hacer desde fuera y “sin que haya un control desde un organismo que esté gestionado con criterios públicos”.

A esta nueva ley se le suman los continuos recortes de presupuesto y los ERE. Almirón coincide con otros profesionales, como el Secretario General del Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) Antoni Gomila, en que la reducción de personal y la substitución de los funcionarios por trabajadores temporales sólo los precarizan y desprotegen.

El hecho de ser funcionario en un medio público, como explica Almirón “es una garantía laboral que da una independencia muy importante. Está pensada para que uno se pueda dedicar a su trabajo sin sufrir”. Por tanto, las externalizaciones de algunos servicios y la entrada de personal laboral, según Gomila “dificulta e incluso no permite la creación de herramientas de control de los contenidos informativos, como podrían ser los consejos de redacción”. Con esta desprotección, añade, es más difícil denunciar en algún momento “manipulaciones, censura o control político de los contenidos informativos”.

 

 

 

Murcia Televisión, la primera en ser privatizada

7RM empezó en abril de 2006, y en octubre de ese mismo año comenzó a emitir las 24 horas. El medio público estuvo gestionado hasta el año 2012 por el ente público Radio Televisión de Murcia y por la empresa concesionaria Grupo Empresarial de la Televisión de Murcia (GTM).

En septiembre de 2012, el gobierno de la comunidad decide privatizar la gestión de 7RM afirmando que, con la crisis económica actual, era muy difícil hacer frente al contrato con GTM. Por eso decidió, amparándose en la reforma de la Ley del Audiovisual del Gobierno central, quedarse únicamente con la titularidad del servicio.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, anunció en noviembre de este mismo año que en enero de 2014 abriría el concurso público para reabrir la televisión pública murciana, para poder emitir “más o menos en el mes de mayo”. Para las posibles empresas concesionarias, el gobierno del territorio ha prometido  un presupuesto de 15 millones de euros, que está convencido de que así el concurso será “más atractivo” para las compañías que se presenten.

 

RTVV, la primera en cerrar

En los presupuestos para el año 2013, RTVV pasa a ser una sociedad anónima. La situación económica ya era mala, por lo que se decidió hacer un ERE de más de 1000 trabajadores de la cadena. Después de protestas y de la movilización ciudadana, el juez al final dictó que este despido masivo era ilegal. Y la Comunidad Valenciana cerró su radio y televisión públicas, alegando insolvencia.

La principal causa de la insolvencia, apuntaban los políticos, era una plantilla con demasiados trabajadores. Y no les falta razón, ya que de los 95 empleados que había en el años 2000, se pasaron a 600 en el año 2012. No es que hubieran ofrecido más plazas públicas, sino que se iban contratando a cada vez más laborales.

Si RTVV no se hubiera cerrado, la nueva empresa habría dado lugar también a una nueva televisión. El gobierno de Fabra había presentado un proyecto para externalizar el 24% de la producción de Canal 9 —40 horas semanales—. Como explica la experiodista de la televisión pública valenciana Anna Domènech, el Comité de Empresa de RTVV presentó un plan con un nuevo modelo de gestión económica viable, que el gobierno valenciano desestimó.

La Generalitat sacó a concurso esa franja horaria, y se presentaron ocho empresas. En los requisitos se exigían productoras valencianas, pero lo cierto es que las ganadoras, como explica Domènech, son estatales e incluso internacionales. Lo que hicieron estas grandes productoras fue asociarse con otras más pequeñas y valencianas para entrar en el concurso. La ganadora de los tres paquetes que salían al concurso, que correspondían a diferentes temáticas de programas, fue la empresa Vértice, donde Josep Piqué, exministro del Partido Popular es el presidente del consejo asesor internacional.

 

TV3, el gigante de las autonómicas

Es uno de los medios públicos más fuerte del Estado, pero desde el año 2011, y sobre todo en 2012, los recortes han ido en aumento y se ha llevado a cabo un ERE y la externalización de contenidos. Como explica el delegado sindical de Comisiones Obreras  de TVC, Jordi López, el ERE al final se saldó con 220 despidos de trabajadores fijos y bajadas de salarios, a parte de 220 personas con contrato temporal.

Por ahora, 70 empleados ya han dejado su puesto de trabajo, casi todos voluntariamente, y los mayores de 61 años a cambio de una prejubilación. Pero hasta 2016 seguirá saliendo gente, sin que se pueda contratar nuevo, como establecen los Decretos Ley del gobierno español. Para López esto supone “una reducción de personal muy desigual entre departamentos”, que conlleva a una “sobrecarga de trabajo que no se puede suplir con la contratación de nuevas personas. Si no se puede suplir esta falta de recursos en un puesto determinado, la otra manera es la recolocación de personal”, añade el delegado sindical. Esto se traduce en mover a personas de otros departamentos, que tenían un trabajo específico, a otros, donde se necesita también una determinada formación.

Otro de los pilares de TV3 es la producción propia, que con los recortes también se ha visto mermada. Aun así, los trabajadores han incluido una enmienda en la contrata programa de 2014 —que se firma entre CCMA y Generalitat—, donde se establece que la producción propia nunca podrá ser inferior del 65% de la producción total. Aun así, Jordi López cree que esta contrata abre la puerta a “la externalización a trozos”.

De momento, una de las pocas externalizaciones que se ha llevado a cabo ha sido el Departamento comercial de la televisión pública. La razón básica de la CCMA es que en manos privadas la gestión será más eficiente. Las empresas privadas que tienen más puntos para quedarse la adjudicación del departamento son el Grup Godó o Grupo Zeta, las principales competidoras de TV3 y Catalunya Ràdio.

Para Almirón, esta externalización sería el menor de los problemas, pero añade que “tiene que existir un buen vínculo entre la gente que vende el producto y los que lo hacen”; esto con gente “de fuera” es más difícil. López explica que el departamento comercial gestiona la segunda fuente de ingresos más importante de la cadena, por lo que ponerla en manos privadas “sería perder el control”, además de dejar en manos de otros medios de comunicación la gestión de sus anuncios y los de TV3, lo que podría implicar que la competencia acabara conociendo casi a la perfección la gestión de contenidos del canal.

 

IB3, “un medio privado con una gestión pública”

Es una de las televisiones de segunda generación. Aunque fue planteada en 1985, no es hasta 2004 que se pone en marcha con la “Llei d’acompanyament”, una ley exprés del gobierno Matas que en menos de un año la puso en marcha. IB3 empieza a emitir ya con un modelo de gestión público-privada, donde inclusos los informativos están externalizados.

La concesión la tiene la productora CBM, pero para que no se considerara ilegal, como dictó una sentencia de 2004 en contra de la privatización de Canal 9 —“La gestión de lo público no puede pasar a manos privadas”, dice la sentencia—, pusieron como cargos públicos al director de cada informativo y al jefe de información general. El gobierno progresista que entró en 2007, formado por PSIB y Bloc, prometieron que harían fija a la plantilla de informativos, pero los trabajadores aún siguen siendo laborales.

Como explica el Secretario General del SPIB, Antoni Gomila, IB3 “nació ya con un modelo donde todos los servicios han estado externalizados. Se podría decir que es un medio privado con una gestión pública”. Y es que el canal no tiene nada de producción propia, ya que el ente no produce nada como tal. Como apunta Gomila, a parte de los informativos, las series y programas de entretenimiento y no diarios están delegados a empresas privadas.

Aun así, el ejecutivo de Bauzá ha aprobado una nueva Ley del Audiovisual, amparada en la del gobierno central y que abre la puerta a privatizar la radio y la televisión públicas. Como apunta el Secretario General del SPIB, en Baleares ya hay un precedente de cierre de un medio público, Radiotelevisió de Mallorca. Gomila añade que con el recorte de más de un 50% del presupuesto de IB3 en estos últimos años, el cierre de la radiotelevisión “a lo mejor aleja el peligro del cierre”, pero añade que de lo que sí hay peligro “y real” es de “una privatización total del ente, incluida su gestión”.

 

Telemadrid, intentando ser privatizada desde 2003

Radio Televisión Madrid es uno de los medios públicos de primera generación, que empezó a emitir en el año 1989, después de que empezaran las de Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, y antes que lo hiciera la de la Comunidad Valenciana. Desde que Esperanza Aguirre entró en 2003 como presidenta de la Comunidad de Madrid, época en que aún no había crisis, ha tenido la intención de privatizar el ente público.

Pero no es hasta mediados de 2012, con la remodelación de la Ley del ejecutivo español, que se empieza a ver la privatización como una realidad. Antes de dejar la presidencia, Aguirre avisó que el ente público RTVM empezaría cuanto antes, ahora que el estado lo permitía, la privatización del canal autonómico. Además, se previó un ERE de 925 trabajadores, un 80% de la plantilla.

Parte de este despido masivo se ejecutó en enero, pero el TSJM dictaminó en abril que el cese de las 829 personas era improcedente, por lo cual la Comunidad de Madrid debía readmitirlas o pagar una indemnización de 25 millones más de los que ya había pagado. La idea de Ignacio González, el actual presidente de la comunidad, era dejar a RTVM con unos 60 trabajadores, para así poder venderla o privatizar la realización de todos los programas. La otra opción que plantea González es el cierre.

Desde 2011, la gestión técnica de la web de Telemadrid está en manos de la empresa privada ATOS. Mientras que, primero Aguirre y después González, han intentado privatizar casi todos los servicios de la televisión pública por falta de fondos, se siguen adjudicando producciones de entre 3 y 15 millones a empresas que son propiedad de personalidades como Ernesto Sáenz de Buruaga, Francisco Sánchez Dragó o José Luis Garci. Además, según los trabajadores, el productor de cine Enrique Cerezo, que gestiona la publicidad de Telemadrid, ha ganado más de 230 millones con este trabajo y la venta de los derechos de todas sus películas a la cadena.

 

Aragón TV, un “ejemplo a seguir”

Los que idearon esta televisión, y una gran parte de la política aragonesa, consideran que el modelo de gestión del ente público es el “ideal” para mantener los medios de comunicación autonómicos. Algunos van más allá y apuntan que es la televisión autonómica de referencia en España.

La televisión pública aragonesa fue otra de las nacidas en 2006, casi a la par que 7RM. El modelo tan aclamado consiste en una gestión público-privada de los contenidos, lo que conlleva casi la total externalización de la producción, incluida la de los informativos. Lo que es público, en realidad, es la titularidad del servicio, además de su gestión y control.

Aragón TV sigue un modelo muy parecido al de la televisión balear, con la diferencia que el medio aragonés tiene el mismo director desde que se empezó a emitir, José Quílez. Con una plantilla pública de 131 personas, 67 de las cuales de ellas están en televisión, el gasto en principio es menor. Pero a ello hay que sumarle el coste de los programas y las comisiones de la producción externalizada. Aún con estas condiciones y siendo líder de audiencia en la comunidad, la televisión aragonesa acumula una deuda de 14 millones de euros.

 

 

 

¿Son tan caras las televisiones autonómicas?

Una de las principales razones para externalizar algunos servicios o despedir a trabajadores de los medios públicos ha sido su alto coste. Pero la realidad es que el presupuesto destinado a las televisiones autonómicas no supera los 30 euros por habitante de cada comunidad al año, “dos cenas en un restaurante”, según Almirón.

La televisión más cara, en comparativa, es la catalana, donde la CCMA recibe un 0,88% (260.000.000€) del presupuesto de la Generaliat. Le sigue la aragonesa, con un presupuesto de 42 millones 400 mil euros, que suponen un 0,83% del total de la comunidad. El Govern Balear ha destinado este 2013 30 millones y medio para la radiotelevisión pública, que se traduciría en un 0,81% del total.

Las más baratas son Telemadrid y la Televisión de Murcia, junto con RTVV si no se hubiera cerrado. La Comunidad Valenciana destinaba un 0,53% de su presupuesto (68.000.000€) a la empresa pública que gestionaba la televisión y radio públicas. Radio Televisión Madrid, en cambio, recibe un 0,42% de las arcas públicas, que se traducirían en 70 millones 900 mil euros. La más barata es sin duda, la de Murcia, a la que sólo se destinan siete millones de euros y medio. Pero hay que recordar que en 2013 ya estaba privatizada, por lo cual los servicios que ofrecían eran mucho menores.

Por lo que se ha podido comprobar, las radiotelevisiones públicas no son tan caras como se pueda pensar. Pero lo que importa realmente de un medio público es su función. Almirón apunta que “lo del café para todos es una burrada, porque hay televisiones que seguramente no aporten nada”. Aun así, que cierre un medio público, o que ser privatice gran parte de su gestión o servicios implica que se cierra un organismo donde, como explica Almirón, “el principio de ánimo de lucro no es tan “sagrado” como en los organismos privados, y se pueden hacer cosas que no se pueden hacer allí donde si no ganas dinero estás perdido”.

Antoni Gomila coincide con la opinión de la doctora y añade que en los canales públicos “no hay una lucha por la audiencia a cualquier precio”, pero que es necesario “un control presupuestario y evitar el malgasto” para poder ofrecer “una información plural, independiente y de proximidad”, que debería ser la prioridad, según estos profesionales, de cualquier medio público.

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