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25 de octubre de 2015

La encrucijada sanitaria: lo público frente a la eficiencia

Félix Esteban

 

Los recortes sanitarios frente a la búsqueda de la eficiencia / Foto: lefthandgod.blogspot.com

Los recortes sanitarios frente a la búsqueda de la eficiencia / Foto: lefthandgod.blogspot.com

 

Dicen que la salud es lo primero y aunque la última encuesta del CIS refleja que la sanidad es la quinta preocupación de los españoles tras el paro, la corrupción, la crisis económica y los políticos, lo cierto es que ha sido la protagonista de los recortes y de la consiguiente queja ciudadana. Tras dos años de reforma sanitaria toca hacer balance y analizar la situación actual y el futuro: ¿se han ahorrado los 12.000 millones de euros previstos? ¿Ha merecido la pena ese esfuerzo o sólo ha sido en detrimento del ciudadano? Sea así o no, lo cierto es que casi 50.000 profesionales (el 10% del total) ya no pertenecen al sistema público y las listas de espera han aumentado entre un 40% y un 50% en algunas comunidades.

En Julio de 2012 el Gobierno puso en marcha el polémico copago sanitario, el que para muchos suponía el fin de la sanidad pública y gratuita y por ende del pilar básico, junto con la educación, del llamado “estado de bienestar”. Con esta medida se buscaba aumentar la aportación del paciente en los medicamentos financiados por la Seguridad Social y reducir los gastos sanitarios de las autonomías. El objetivo era claro: concienciar al paciente del consumo idóneo de medicamentos, ajustado a las necesidades y evitar así la automedicación, donde España es líder. Es más, nuestro país es uno de los países desarrollados con más resistencia a tratamientos convencionales derivados de la penicilina para combatir infecciones respiratorias, consecuencia directa de esas prácticas. Y es que el 30% de la población no recurre a la atención médica ante problemas respiratorios, recurriendo directamente al farmacéutico. De igual forma, somos propensos a abandonar tratamientos antes de tiempo.

 

Recortes sanitarios

Numerosos estudios demuestran que la prevención y educación sanitaria evitarían gran parte del gasto pero también han demostrado que las medidas impuestas no han ido en esa dirección. Desde que se implantó la reforma de Ana Mato los más desfavorecidos han sido las mayores víctimas de estos recortes: los parados de larga duración y que residan fuera de España más de 90 días pierden la tarjeta; los pensionistas deben pagar el 10% del precio del medicamento (con topes de 8, 18 y 60 euros al mes dependiendo de la renta), el resto de la ciudadanía debe co-pagar también en función de ingresos (40% hasta 18.000 euros, 50% entre 18.000 y 100.000 euros y 60% para más de 100.000); los inmigrantes y sus familiares en situación irregular también han perdido derechos sanitarios, cuando no la propia tarjeta. Pero no sólo la desigualdad ha sido de Estado a ciudadano sino también entre comunidades autónomas, ya que al tener transferidas las competencias unas las han aplicado y otras no, o bien han matizado su implementación, creando un mosaico difícil de digerir.

La cuestión de fondo es: ¿cómo aunar el ahorro necesario y la optimización para adaptarla a los nuevos tiempos sin que se resienta o incluso pierda el tan luchado y envidiable sistema sanitario universal español? ¿Son estos recortes sólo una excusa para crear un progresivo sistema “pseudoprivado”? ¿Por qué no se centra la búsqueda de mejora en medidas de eficiencia y no de recorte puro y duro? ¿Aun así sigue siendo España un ejemplo en materia sanitaria o debemos ya fijarnos en otros modelos?

La obsesión del Gobierno sigue siendo el recorte de gasto y la sanidad parece el objetivo principal. Entre otros estudios, se basan para ello en el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), compuesta por los 34 países más industrializados. La OCDE apunta que se derrochan 16.000 millones de euros por ineficiencia. Aunque esto supone el 1,6% del PIB, el mismo informe recalca que está por debajo de la media, situada en el 2% del PIB. Pero como organismo objetivo, la OCDE también ha presentado informes que alertan de la pérdida de calidad sanitaria en muchos países desarrollados. Según Panorama de la sanidad 2013, España es en entre otros (como Inglaterra, Irlanda o Portugal) uno de los países donde más se ha resentido la calidad sanitaria, especialmente en materia de derechos y listas de espera. Un ejemplo: en cataratas y prótesis de cadera la media de espera en Holanda oscila entre los 30 y los 45 días; en España es entre 90 y 125 días.

Estos y otros datos, en vez de servir como aviso de la progresiva degeneración de la atención médica, pueden ser usados como excusa para proponer sistemas mixtos que lleven al desmantelamiento del sistema sanitario público y gratuito. Progresivamente se va vendiendo lo privado como sinónimo de eficiencia y adecuada gestión frente al derroche de lo público. ¿Es objetivamente cierto o sólo una visión interesada para convencernos de la necesidad de otro modelo? Lo cierto es que los movimientos de empresas privadas en el sector sanitario son firmes. Un ejemplo es IDCSalud, grupo holandés dirigido por el fondo de inversión de riesgo estadounidense CVC, que gestiona algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid como la Fundación Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos de Móstoles. Las estrategias de grupos como OHL o Sacyr para introducirse en el “mercado sanitario” y de seguros médicos están a la orden del día, claro síntoma del cambio de panorama.

 

Lista de espera quirúrgica en España / Fuente: Sistema de Información de Lista de Espera del SNS

Lista de espera quirúrgica en España / Fuente: Sistema de Información de Lista de Espera del SNS

 

Asignaturas pendientes

Al margen opiniones y corrientes sobre gestión, siempre influidas por la ideología y el interés político o comercial, ¿es sostenible este sistema sanitario a medio o largo plazo? Según declaró un comité de 100 expertos en 2013, la sanidad pública española colapsará irremisiblemente en 5 años. Los principales motivos: la ineficiencia, la mala educación sanitaria de la población, las insuficientes o inexistentes políticas de prevención, las terapias inútiles y el gasto farmacéutico, que engloba asimismo los anteriores factores.

Concretemos algunos de estos puntos:

–          Ineficiencia: sobre todo en materia de procesos diagnósticos y pruebas médicas, que se repiten por fallos en proceso o bien se realizan por errores en el diagnóstico o material insuficiente. Su mejora supondría una reducción de los costes pero la implementación previa de estas mejoras conllevaría un aumento del gasto que se quiere reducir.

–          La mala educación sanitaria: íntimamente relacionado con el gasto farmacéutico. España es uno de los mayores consumidores de medicamentos y donde hay un mayor índice de automedicación, lo que a la larga provocan más visitas médicas y más gasto. La otra cara de la moneda, como apuntábamos antes, es el abandono del tratamiento y medicación antes de tiempo, lo que también supone un problema futuro de recaída y mayores patologías.

–          Las insuficientes medidas de prevención: España está aumentando preocupantemente sus tasas de obesidad y consecuentemente de problemas cardiovasculares, diabetes, etc. En 2010 poco más del 12% de la población era obesa; para 2030 se espera que aumente hasta el 18%, con parecidas previsiones para otros países europeos. Para entender la gravedad basta un dato: según la Organización Mundial de la Salud la obesidad y el sobrepeso son las causas principales del 44% de las diabetes, el 23% de las cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de todos los cánceres.

–          Las enfermedades crónicas: este factor esquilma nada menos que el 75% de los recursos sanitarios en España. Si todo sigue igual y atendiendo a la proyección de envejecimiento poblacional y los hábitos de vida, en 2020 tendría un coste de 98.000 euros anuales.

–          Terapias inútiles: cada vez están más de moda las terapias alternativas frente a la medicina tradicional. Si bien es cierto que muchas sólo buscan el lucro o tan sólo pueden ser complementarias, la Fundación Kovacs publicó en 2012 un estudio donde concluyó que el 60% de las terapias que se aplicaban en la sanidad pública para dolores de cuello, hombro y espalda no tenían base científica o eran inocuas.

Con estas premisas obviamente cada vez son más los estudios e informes para evitar el gasto sanitario innecesario y optimizar el inevitable. Así, según un informe elaborado por el Centro Europeo de Economía y Política Internacional (ECIPE) España podría reducir en quince años el gasto provocado por patologías derivadas de la obesidad en un 12%. Igualmente podría ocurrir en otros países que sufren el mismo creciente problema, como Reino Unido, Alemania o Suecia, con ahorros de gasto del 10, 6 y ¡55%! respectivamente.

 

Futuro

Otra medida o concepto que está tomando fuerza en la gestión sanitaria y que para muchos es la entrada de la sanidad en el futuro y clave para lograr la armonización público-eficiente-barato es el llamado big data. Es un conjunto de procesos, tecnologías y modelos de negocio que traten los datos y saquen lo mejor de ellos. Aplicable a múltiples campos, en el sanitario supondría una optimización y ahorro de costes grandísimo. Según el estudio del Kinsey Global Institute, un ahorro global de 250.000 millones de euros anuales.

El tiempo dirá si los recortes eran necesarios y son eficaces para mejorar la atención y evitar el sobregasto, son sólo una excusa para acabar con la sanidad universal o bien habría que complementarlos con medidas de prevención, optimización y modernización. Porque aun con todos estos datos nuestro país sigue ocupando el quinto puesto mundial en cuanto a eficiencia sanitaria, ejemplo de modelo simple y barato, sólo superado por economías tan avanzadas y tecnológicas como Hong Kong, Singapur, Japón e Israel. No obstante, el problema sanitario y su protagonismo, a pesar de ser o haber sido un ejemplo a seguir, no son exclusivos de España. En Francia, que tiene junto con España el considerado mejor sistema de salud de Europa, se planea un recorte de 10.000 de euros, en un país donde el gasto público supone el 57% del PIB.

El reto está ahí. El antes indiscutible y ahora sueño de una sanidad pública y gratuita adaptada a los nuevos tiempos, eficaz y moderna supondrá la excusa perfecta para intentar imponer un modelo totalmente público o mixto, en función de si son viables unas reformas u otras, en si es factible que el ciudadano ponga su granito de arena para “autogestionar” su salud y prevenir y sobre todo lograr la tan complicada objetividad en esta materia para conservar un modelo que hasta hace poco era ejemplo mundial y ahora se ve cuestionado.

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