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9 de agosto de 2015

La universidad española en busca de la (otra) universalidad

Javier Abellán
Aula de la Universidad de Navarra / Foto: U. Navarra

Aula de la Universidad de Navarra / Foto: U. Navarra

 

Desde sus comienzos como institución en la Europa de la Baja Edad Media (siglos XI-XV), la universidad ha tenido, o ha pretendido tener siempre, un marcado carácter universal; de ahí su nombre. Carácter universal que se manifestaba en distintos ámbitos. En primer lugar, en la amplitud de saberes que en esta institución se impartían -los de la época: gramática, retórica, artes, teología, aritmética, leyes…-; en segundo lugar, en la validez de los títulos que otorgaba, reconocidos en el propio reino y en el conjunto de la cristiandad gracias al apoyo recibido por la institución por parte tanto del rey como del papa. Al carácter internacional de la universidad contribuyó la utilización de una lengua común en todas las instituciones de educación superior europeas, el latín, que facilitaba la movilidad del profesorado y el intercambio de ideas entre eruditos de distintos territorios.

Una tercera dimensión de la universalidad de la educación superior se refiere no a los docentes ni a las enseñanzas, sino al otro gran sustento de la institución: los alumnos. Se sabe que ya en la época de los Reyes Católicos se promulgaron pragmáticas encaminadas a garantizar la gratuidad de los exámenes para aquellos alumnos que carecieran de medios con los que financiar sus estudios.

Desde el surgimiento de la universidad como institución han cambiado muchas cosas y su carácter universal ha ido adaptándose a los nuevos tiempos. El nacimiento del capitalismo y el fin del Antiguo Régimen trajeron consigo el abandono del latín y la adopción de las lenguas nacionales, más prácticas a la hora de aplicar a la actividad económica y a la vida cotidiana los nuevos conocimientos que se alcanzaban en el campo de las ciencias naturales, las cuales iban ganando terreno a las artes. A medida que la universidad se alejaba de la religión, su carácter internacional se suavizaba en favor del nacional y el afán por comprenderlo todo se iba abandonando en favor de la especialización, cada vez más necesaria para avanzar en la adquisición de nuevos conocimientos.

En otro orden de cosas, la necesidad de una mano de obra cada vez más cualificada promovió la extensión de la educación universitaria a todos los estratos sociales. Es quizá en este último aspecto donde España ha conseguido mejores resultados en las últimas décadas. Los españoles con estudios terciarios de más de tres años de duración -fundamentalmente estudios universitarios- representan ya más del 20 % de la población de entre 25 y 64 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si bien España se sitúa aún por detrás de los países anglosajones y los escandinavos, además de Japón, supera en este indicador a Francia y Alemania, las dos grandes potencias de la Europa continental. En este sentido, por tanto, la universalidad de la educación superior española, aunque todavía mejorable, muestra buen progreso.

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PLAN BOLONIA: UNA HOMOGENEIZACIÓN A MEDIAS

No puede decirse lo mismo, sin embargo, de la universalidad de la educación superior española entendida como validez y reconocimiento internacional de sus títulos. No solo en lo cualitativo -ninguna universidad española se encuentra entre las 100 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities elaborado por la Universidad de Shanghái Jiao Tong, la clasificación considerada más rigurosa y transparente por su metodología-, sino también en lo cuantitativo. El proceso abierto tras la Declaración de Bolonia de 1999 iba encaminado a corregir esta cuestión, a través de la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior con formas comunes de medir la cantidad de estudios cursados por los alumnos en cualquier país europeo; con este fin se creó el sistema de créditos ECTS y se propuso un sistema homogéneo basado en tres ciclos -grado, máster y doctorado- que acabara con la multiplicidad de sistemas existentes hasta entonces. Pero no es fácil cambiar algo tan importante y con tanta tradición como el sistema educativo superior.

Los firmantes de la Declaración de Bolonia, conscientes de esta dificultad, sacrificaron en parte la comparabilidad internacional con objeto de dar al menos un paso en la buena dirección, y así se acordó que los grados y másteres no deberían tener una misma duración en todos los países; los grados podrían ser de tres o cuatro años y existirían másteres de uno y dos años. Así se facilitaba el cambio en países como España, donde la tradición asociada a la existencia de titulaciones de cinco años -las licenciaturas- hacía difícil dar el paso directamente desde estas hacia enseñanzas de tres años, las habituales en las grandes potencias europeas: Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Entre 2008 y 2009, finalmente, las antiguas licenciaturas y diplomaturas españolas dieron paso a los nuevos grados de cuatro años.

 

LA PREVISIBLE SEGUNDA VUELTA

Aunque el Plan Bolonia se vendió como el instrumento que finalmente equipararía los sistemas educativos superiores de toda Europa, facilitando la movilidad internacional y el reconocimiento académico de los titulados en los distintos países del continente, esta se quedó en una verdad a medias; el proceso aún no equiparaba el sistema universitario español, con grados de cuatro años y másteres de uno -el conocido como sistema 4+1-, al de las grandes economías europeas, con grados de tres años y másteres de dos años -el sistema 3+2-, lo que sigue dificultando los procesos de convalidación de títulos extranjeros en España y viceversa. Siendo esto así, era previsible la puesta en marcha, una vez calmados los ánimos iniciales, de una segunda vuelta de reformas.

El primer paso hacia esta segunda vuelta fue dado por el ministro de Educación José Ignacio Wert este verano, al proponer que las universidades que así lo decidan puedan ofertar grados de tres años y másteres de dos, incorporándose así a la costumbre académica de las grandes potencias europeas. Las universidades, partidarias en principio del sistema 3+2 por ser este el dominante en Europa, critican sin embargo la forma de implantarlo; habría sido mejor hacerlo desde un principio y no llevar a cabo dos grandes reformas universitarias en poco más de 5 años. Ahora, una vez implantado totalmente el sistema 4+1, prefieren esperar hasta poder evaluar sus resultados. El avance hacia el sistema preferido en Europa, sin embargo, parece inevitable y el sistema 3+2 acabará implantándose en España tarde o temprano.

La nueva universalidad de la educación superior, heredera e inspirada en la existente Baja Edad Media pero adaptada a los nuevos tiempos -el inglés ocupa hoy el lugar del latín y las universidades especializadas en un solo ámbito del conocimiento son ahora abundantes-, avanza irremediablemente. En España, eso sí, lo hará siguiendo el proceso habitual en lo que a materia educativa se refiere: a golpe de decretos sucesivos y sin un plan consensuado a largo plazo.

 

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