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31 de mayo de 2016

Venezuela, entre el diálogo y la violencia

Alex Gil

 

Una joven pide una Venezuela "libre" / Foto: daga95 (licencia CC)

Una joven pide una Venezuela “libre” / Foto: daga95 (licencia CC)

 

¿Por qué la situación se vuelve cada vez más tensa en Venezuela?

Venezuela está inmersa en una crisis política que dura ya tres meses desde que las protestas iniciadas en la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado de Táchira, por estudiantes universitarios se extendieron por las principales ciudades del país. Las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron como una protesta contra el elevado grado de inseguridad pública, a la que pronto, se sumaron otras demandas relacionadas con la alta tasa de inflación, el control cambiario y el desabastecimiento de productos básicos. A esta protesta popular se asoció rápidamente la oposición al gobierno del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), derrotada de nuevo en las elecciones municipales de diciembre del 2013, y que fueron planteadas por el  líder opositor Henrique Capriles como un plebiscito sobre la continuidad de Maduro al frente del gobierno. Las manifestaciones se convirtieron de esta manera, a partir del 12 de febrero, en una sucesión de marchas cuya principal reivindicación era “la salida” de Maduro de la presidencia de la República y que no se abandonarían hasta la renuncia de éste. Un nuevo intento de la oposición venezolana, tras las dos derrotas electorales del pasado año -19 en total desde 1999-, por alcanzar el poder.

La crítica a las políticas económicas seguidas por el gobierno venezolano desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 es el eje sobre el cual los manifestantes articulan sus  reivindicaciones, mientras que el gobierno y sus partidarios ponen el énfasis en que son, precisamente, esas políticas las que han llevado a una mejora significativa en las condiciones de vida de las clases populares venezolanas. Maduro se enfrenta una importante, y fragmentada, oposición política -organizada en la Mesa de la Unidad Democrática– y a una volátil situación económica que no acaba de ser reconducida por su gobierno. El heredero político del comandante Chávez mantiene el apoyo de las bases sociales de la revolución bolivariana, lo que se traduce en que conserva más de la mitad de los votantes del país, beneficiados con los programas sociales impulsados por el gobierno en la última década. Unos programas que no han acabado con una de las tasas de homicidio más altas del mundo y una economía basada en el petróleo, con estrictos controles de precios y con un índice de inflación que sobrepasó el 56% el año pasado y que en los tres primeros meses de este  2014 acumula ya un 10,1%. A estos problemas se añaden una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, en la quinta economía más grande de América Latina y que, sin embargo, es importadora de alimentos desde 1935.

 

Ya son numerosas las denuncias de abuso policial durante la contención de diferentes manifestaciones

 

Las repercusiones internacionales de las protestas llegaron cuando el pasado 12 de febrero, Caracas fue el escenario de diversos enfrentamiento entre manifestantes, partidarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad. Tres personas murieron a causa de disparos, dos opositores y un partidario del Gobierno, lo que generó una nueva ola de marchas en más de 20 municipios y que añadían a las motivaciones originales de las protestas, una supuesta vulneración de los derechos civiles y la presencia de cubanos en la administración venezolana. Un aspecto a señalar es que la mayoría de las manifestaciones se han desarrollado, por lo general, de forma pacífica, excepto en tres localidades gobernadas por alcaldes de la oposición: Chacao, en el Área Metropolitana de Caracas, Libertador, en el Estado de Mérida, y San Cristóbal (Táchira), origen del movimiento.

En estos lugares, los manifestantes han instalado barricadas, las conocidas como guarimbas -protesta organizada en zonas residenciales y con cierre de calles-, y se han lanzado piedras y cócteles Molotov. Policía y Guardia Nacional fueron movilizadas para contener las protestas, y se han denunciado numerosas acusaciones de abusos, en especial malos tratos a detenidos y uso indiscriminado de armas de fuego, de las que tampoco escapa la oposición, como recoge Amnistía Internacional, que habría contado con el apoyo de paramilitares colombianos, como poco en el Estado Táchira, una denuncia que ha pedido ser investigada por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.  Hasta el momento, los enfrentamientos  han dejado 42 muertos -oficialistas, opositores y miembros de las fuerzas de seguridad-, casi 500 heridos y 1854 detenidos, según informes de la Fiscalía General de la República mientras la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal Venezolano, eleva la cifra de detenidos a 2556 y denuncia 33 casos de supuestas torturas a opositores. A esto, hay que añadir los numerosos daños provocados en sedes y edificios del Estado, de partidos políticos, de empresas y de sistemas de transporte.

 

 

La insistencia de la oposición en la renuncia de Maduro, sin elecciones de por medio, ha añadido un punto de intolerancia en un conflicto que, sin embargo, se ha ido reduciendo, en la medida que el gobierno ha comenzado a hacer gestos encaminados a establecer un diálogo con las fuerzas opositoras, con el Vaticano o Unasur como mediadores. Maduro, que ha insistido siempre en que su cargo no es negociable, ha intentado contrarrestar la cobertura desfavorable a la línea gubernamental en los medios de comunicación occidentales con varias iniciativas. Una de ellas, un artículo en The New York Times, le sirvió más para pedir una respuesta positiva a Estados Unidos en el desarrollo de la crisis que a la propia oposición venezolana. Para Maduro y el PSUV, el gobierno venezolano  sufre un “cerco mediático” que “distorsiona la realidad” y le muestra como escasamente “democrático” ante la opinión pública occidental. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para responder a la oleada de movilizaciones han mostrado ciertas deficiencias. Junto a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y miembros de las organizaciones de base de la revolución -que las autoridades han prometido investigar, juzgar y condenar-, el gobierno ha optado por la limitación de las informaciones y ha llegado a ordenar el cierre de dos canales internacionales de televisión -NTN24 y CNN en español-, una medida rápidamente corregida.

 

Un problema de comunicación

A esto se añade, el arresto de políticos de la oposición, entre ellos, Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, al que el ministro de Asuntos Exteriores, Elías Jaua, señaló como “autor intelectual” de la violencia desencadenada a partir del 12 de febrero. Seis alcaldes han sido detenidos por no acatar las órdenes del Tribunal Supremo que disponían el levantamiento de cortes de calles y carreteras. Además, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la mayoría socialista en la Asamblea Nacional que destituyó a la diputada de la oposición María Corina Machado. Unas medidas que alertan sobre la ausencia de un poder judicial independiente y condicionado en su composición y medidas por los poderes ejecutivo y legislativo. Una situación que produce preocupación si sucede en Venezuela, pero no en países occidentales donde escenarios parecidos se repiten sin causar críticas que pongan en duda la calidad democrática de esos mismos estados.

El gobierno venezolano tiene un evidente problema de comunicación al que no contribuye demasiado la incomprensión que produce su retórica y el desdén con el que se juzgan sus políticas desde Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos, y la Unión Europea. El desarrollo de la revolución bolivariana, su ejemplo y la imitación de algunas medidas por parte de países como Ecuador y Bolivia, más el apoyo de buena parte de los estados latinoamericanos y caribeños, son considerados como un grave problema geoestratégico por parte de la administración Obama que ha dedicado ya, según el mismo Maduro, cinco millones de dólares más 15 más previstos para financiar a una oposición sólo unida en su rechazo al socialismo de Chávez. Los intentos por desalojar del poder a Maduro recuerdan a la coyuntura que generó el fugaz golpe de Estado de 2002, apoyado en la amplia cobertura que los cuatro principales canales privados de televisión de Venezuela dieron a la intentona golpista, respaldada, entre otros, por el gobierno español de José María Aznar y por el diario “El País”.

 

Data from World Bank

Para el gobierno venezolano, el intento opositor de forzar “la salida” equivale a una situación de golpe de Estado. La exigencia de la renuncia de Maduro no lo es, ni tampoco debe considerarse un delito, pero lo que no debería buscar la oposición es tomar el poder por la fuerza tras no poder alcanzarlo en unos comicios, más aún cuando sus denuncias de fraude electoral no han sido corroboradas por organismos independientes internacionales. La insistencia de algunos líderes de la oposición en “la salida”, ha motivado que algunos otros, como el mismo Henrique Capriles, se hayan echado a un lado y pedido a los partidos de la oposición que se ocupen de los problemas concretos que afectan a la sociedad venezolana, como una forma de acercarse a los descontentos por el rumbo que sigue la economía,y que, no obstante, comparten algunos de los objetivos políticos del gobierno de Nicolás Maduro.

La única salida posible a la crisis política actual y al cese de la violencia es con el diálogo iniciado por el Gobierno y la oposición el pasado 8 de abril y que se concretará en acuerdos efectivos, si la oposición abandona su exigencia de que el gobierno de Nicolás Maduro deje el poder, y éste acomete medidas que reduzcan la inseguridad, los problemas de abastecimiento de productos básicos y la alta inflación que padece la población venezolana. Unos problemas que amenazan con ensombrecer algunos de los logros alcanzados por el gobierno venezolano en estos últimos 14 años, como la reducción de los niveles de pobreza en los hogares, que disminuyeron del 54% en 2003 al 27,4% en 2011, mientras la extrema pobreza se redujo del 25,1% al 7,3%, en ese mismo período, cayendo a un índice del  5% en el último año; la aplicación de programas de alfabetización y de mejora de la calidad de la enseñanza, y la extensión del derecho a una vivienda digna. Una acción de gobierno similar, por ejemplo, a la que le ha servido al presidente ecuatoriano Rafael Correa para ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona.

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Una Respuesta

  1. Cinthya Velasco dice:

    Ningún logro alcanzado!!!! Las políticas adoptadas por el extinto Chavez, fueron un verdadero fracaso!!! y la solución no es que cambie el gobierno sino la ideología, permitir a las empresas privadas invertir, dejar las expropiaciones, combatir la corrupción. Pero como eso es imposible en el Gobierno de Maduro, es por eso que debe dejar el poder para que Venezuela se salve.

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